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Las Policías Financieras de diferentes países europeos realizan redadas de forma continuada contra las mafias que operan con la distribución de contenidos sin licencia a través de IPTVs. Hace pocas semanas la Policía Financiera Italiana cerraba más de 5.500 webs piratas, multando a gestores y usuarios con importes económicos elevados. También hace pocos meses, más de 7.000 clientes de North West IPTV recibían una carta de la policía anunciando el inicio de acciones legales.

Las investigaciones se realizan de forma continuada en toda Europa. La semana pasada era condenado un proveedor de IPTV pirata a pagar 15,8 millones de euros por la red que había establecido y difusión de medios sin licencia. Y es que las plataformas de TV pirata son perseguidas de forma activa, ya que suponen tanto un riesgo de seguridad para los usuarios como un robo de derechos de emisión para aquellas empresas que compran licencias y para los creadores de contenidos.

 Esta última acción se realizaba sobre una plataforma ilegal que trabajaba con el nombre de CBC X-View Cable Service, propiedad de Robert Reich, residente en Riviera Beach (Florida). En la plataforma se daba acceso a diferentes canales a través de diversos planes de suscripción. Todo parecía legal para sus usuarios, sin embargo no lo era.

Tecnología punta al servicio de antipiratería

Todo este tipo de investigaciones contra las plataformas de IPTV piratas es posible gracias a una serie de herramientas de última tecnología, también a través de software de Inteligencia Artificial para analizar los datos de Big Data, según patrones de comportamiento de usuarios, así como de flujos de datos entre servidores. Estas herramientas permiten la identificación de los componentes de las redes piratas, pero también la localización de los millones de usuarios que contratan y consumen sus servicios de contenidos ilegales.

Estos últimos, los consumidores de servicios pirata, corren el riesgo de ser multados con altos importes económicos, según las Policías Financieras Europeas, incluso de ser encarcelados por un máximo de 3 años, dependiendo de la vinculación con las plataformas.

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